Para convertir a la República Dominicana en un país en el que sus habitantes podamos vivir con los niveles de dignidad de aquellos que se han desarrollado, tendremos que introducir cambios drásticos que provengan de la racionalidad de los ciudadanos que invierten su dinero para recibir del Gobierno las provisiones con las que está comprometido el Estado como institución.
En esta república hay una serie de problemas que constituyen una barrera poderosa contra el desarrollo integral de los hombres y mujeres que hacen posible nuestra existencia como país.
Uno de esos problemas es la corrupción, un mal que consume gran cantidad de la riqueza que producimos como colectividad cada año, corrompe los valores de la buena convivencia entre humanos, colabora con los sectores más oscuros del mal y destruye la fe que mucha gente tuvo en la política como herramienta para la creación de una sociedad próspera y justa.
Demás está probado que hay muchos hombres y mujeres que utilizan el poder político para su propio beneficio y el de sus allegados, en franca violación a los acuerdos establecidos entre los ciudadanos y sus representantes, en detrimento del bienestar colectivo, en perjuicio de pobres, de ricos y, sobre todo, de la clase media. La ley establece responsabilidad para quienes violen el pacto de manejar los recursos públicos con diafanidad, sin embargo, el sistema de justicia actual no ha sido capaz de condenar a la mayoría de los infractores.
Por eso, hasta que la ciudadanía no se disponga a salir a las calles, abandonando la comodidad, la autocensura y la práctica de lo políticamente correcto en lugar de lo correcto, y decida que no quiere más a corruptos y corruptores, será poco lo que podremos avanzar hacia una sociedad con las características propias de un país desarrollado.
Aprovechando que la Constitución de la República Dominicana establece que el poder político le pertenece a los ciudadanos y que éstos lo hacen valer por medio de sus representantes (los políticos) quienes a su vez deben responder por sus actos, propongo que en nuestro país se realice una reforma social y política que disponga de la vida de aquellos funcionarios que deliberadamente despilfarran los recursos del Estado.
Un ser humano que utiliza para su beneficio personal el dinero dedicado a preservar la vida de las personas; quien se roba el dinero que iría a la educación de niños y jóvenes; aquel que malgasta el dinero que recolectamos entre todos para implementar políticas dedicadas a crear empleos, o quien se confabula con los delincuentes que asesinan por encargo o a enriquecerse de la venta de drogas controladas, esa es una persona que no aprecia la vida de los demás, y por tanto, no merece su propia vida.
Si de verdad queremos desarrollarnos como una sociedad saludable y próspera, hay que acabar con la corrupción, arrancándola de raíz junto a sus protagonistas, así como debió hacer Singapur antes de convertirse en un Estado ejemplo en materia de transparencia y desarrollo.
Es fácil reformar la Constitución cuando los políticos quieren mantenerse en el poder, entonces ¿por qué no la cambiamos para poner el ejemplo, desapareciendo a quienes voluntariamente atentan contra el bienestar colectivo de los hombres y mujeres de la República Dominicana?
Muerto el perro, se acabó la rabia.
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