Por JUAN T H El Banco de Reservas, no es una institución financiera
privada, es del Estado. El director, así como los miembros del Consejo los
designa el presidente de la República. Se supone que no puede manejarse con
criterios políticos, ni partidarios, como ha ocurrido durante los gobiernos del
Partido de la Liberación Dominicana.
Recordemos
el préstamo al español Arturo del Tiempo Márquez para la construcción de la
torre Atiemar que el presidente Leonel Fernández no solo dio el “primer picazo”,
sino que agilizó el empréstito. (Arturo del Tiempo está preso por narcotráfico
en España)
El préstamo
al presidente de facto del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, de
15 millones de dólares (solicitó 20 millones), después de la firma del pacto secreto
de la Corbatas Azules con el presidente Leonel Fernández el 19 de mayo del
2009, es motivo de escándalo. El préstamo tuvo un carácter político, es el pago
a un favor político de grandes dimensiones.
(Mientras
Hipólito buscaba votos para ganar las elecciones, el presidente del PRD buscaba
20 millones de dólares para su beneficio
y trabajaba para la derrota del candidato por el que debió luchar para que ganara
las elecciones)
Así como el
pacto de las corbatas azules se produjo en secreto, el préstamo de 15 millones
de dólares, también. Los documentos de la transacción económica estaban
celosamente guardados en la bóveda del Banco de Reservas, entidad que debe ser
cuestionada por la sociedad. (¿Por qué Miguel no fue a la banca privada y
prefirió la entidad del gobierno del cual se supone es opositor? ¿Por qué le
gusta tanto hacer negocios con el PLD, vendiéndole y alquilándole locales como
sucedió con el edificio donde está hoy Aduanas?
El llamado
“secreto bancario” no puede ser cómplice de violaciones fragrantes a las
disposiciones de la Junta Monetaria del Banco Central. La respuesta no es el
silencio. Al contrario, es obligatorio una exhaustiva investigación al
respecto. El pueblo tiene derecho a saber por qué se otorgó un préstamo a un “cliente” que no era cliente del banco, y que
además no reunía las condiciones. ¿Quién autorizó la operación? Vicente Bengoa,
a la sazón director del banco o Leonel
Fernández? El país tiene derecho a saber por qué el banco del Estado le otorgó un préstamo al socio político del presidente de
la República en medio de la campaña electoral, a pesar incluso, de la oposición de los técnicos que le
asignación una calificación “D” al “cliente”.
Los lectores
se preguntarán, qué es una calificación “D” en el lenguaje bancario. Veamos lo
que dice al respecto el Banco Central en la resolución de la Junta Monetaria de
fecha 29 de diciembre del año 2004.
El
“Reglamento de Evaluación de Activos” creó cinco calificaciones, a saber, A, B,
C, D y E. Todos los bancos están en la obligación de cumplir esas normas
prudenciales y la Súper Intendencia de Bancos a que la cumplan al pie de la
letra.
He aquí lo
que dictó la Junta Monetaria:
“D. Se observa una capacidad de pago con deterioro
de carácter más permanente. El deudor presenta debilidades financieras
identificadas que han puesto en riesgo su capacidad de enfrentar la totalidad
de sus obligaciones de pago. El flujo operativo es negativo, reporta pérdidas
significativas y se observa una creciente necesidad de recurrir a fuentes
secundarias para hacer frente a las obligaciones de pago. Complementariamente,
se puede observar que las razones de liquidez están por debajo de los promedios
de la Industria y el apalancamiento es inadecuado según la naturaleza propia
del negocio y se encuentra por encima respecto a los promedios del sector. En
los préstamos en moneda extranjera se observa que la posición de cambio del
deudor es significativamente desfavorable, por lo que la variación en el tipo
de cambio, incrementa el deterioro de su capacidad de pago.
Aunque ello no es
condicionante de lo anterior, adicionalmente la Industria presenta un serio
deterioro en sus principales indicadores financieros. Se observa que las
condiciones macroeconómicas han impactado negativamente a los indicadores
financieros del sector y no se prevén claras posibilidades de una recuperación
en el mediano plazo.
Se clasificarán en este
nivel de riesgo aquellos deudores de quienes sus estados financieros presentan
una antigüedad superior a 18 (dieciocho) meses después del cierre.”
Esa es la
clasificación “D” establecida por la Junta Monetaria que el Banco de Reservas
no debió ignorar debido a lo riesgosa de la operación, como bien lo señalaron
los expertos del banco que establecieron:
“Acorde
a proyecciones 2012-2018, para los dos primeros cierres reportaría pérdidas y
flujo de efectivo negativo. Además, el
endeudamiento resultaría alto y la liquidez insuficiente. Contaría con
capacidad de pago a partir del 2016”, concluyeron.
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