'Apartheid' en la República Dominicana: 210.000 personas se quedan sin estado

No hay recomendación o protesta capaz de hacer capitular al Gobierno y la Judicatura de la República Dominicana. La resolución es irrevocable: unos 210.000 dominicanos de ascendencia haitiana se convertirán de la noche a la mañana en personas sin estado. Se hará efectiva en cuanto se aplique el fallo del Tribunal Constitucional por el cual los hijos de extranjeros irregulares nacidos en el país dejan de ser considerados dominicanos, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora. Una resolución con carácter retroactivo que alcanza hasta 1929.

El fallo del Tribunal no es nuevo, data de 2005. Sin embargo, fue el pasado 23 de septiembre cuando regresó al primer plano con el apoyo del Gobierno del presidente, Danilo Medina. Ni siquiera la reciente muerte de Nelson Mandela, símbolo de la lucha contra la discriminación racial, ha hecho titubear a la clase política y judicial dominicana, decididos a continuar hasta el final con esta desnacionalización masiva. No importa que durante veinte, cuarenta o sesenta años las víctimas hayan sido a todos los efectos dominicanos o que no conozcan otra tierra. Desde ahora, sus cédulas de identidad son inválidas y, por tanto, serán relegados a un estatus de residentes extranjeros.

Unos 210.000 

dominicanos de ascendencia haitiana se convertirán de la noche a la mañana en personas sin estado. Se hará efectivo en cuanto se aplique el fallo del Constitucional por el cual los hijos de extranjeros irregulares nacidos en el país dejan de ser considerados dominicanos, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora

¿Pero extranjeros procedentes de dónde? No está claro que Haití nacionalice a un cuarto de millón de personas. Y aunque lo hiciera, los afectados no tienen a nadie en ese país. Ni hablan creole. Muchos incluso temen que el Gobierno de Santo Domingo proceda a deportarlos en masa si no reúnen las condiciones para seguir en el país de forma legal.

El dilema es terrible: marcharse a Haití, un país desconocido y paupérrimo que es el único que, tal vez, acepte darles documentos de identidad, o quedarse en la República Dominicana sin documentación legal, es decir, sin pasaporte y sin cédula para encontrar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, alquilar una vivienda o darle una educación y una nacionalidad a sus hijos con el fin de que no se conviertan en personas analfabetas y sin estado. Una suerte de parias del siglo XXI, el destino que llevan décadas padeciendo ciertas etnias en regímenes autoritarios como Birmania, Mauritania o Costa de Marfil. El caso más famoso es quizá el de los nubios en Uganda y Kenia.

“Prefiero morir a ser un extranjero en mi país”

Ya desde la sentencia de 2005 se están denegando a los descendientes de haitianos duplicados de documentos o directamente se retiran cédulas de identidad sólo por el color de la piel o por tener un apellido sospechosamente francés. Sin mayores comprobaciones. “Nos están matando. No físicamente, pero sí como personas. No me dieron el duplicado (de la cédula) y ni puedo sacar un seguro médico. Soy dominicana. No sé hablar creole ni su himno, pero si me dices que cante el himno nacional dominicano te lo canto completo”, decía María entre sollozos en uno de los actos de protesta organizados por la plataforma We are all Dominican (Todos somos dominicanos), que lleva semanas manifestándose ante el Tribunal Constitucional y haciendo ver al mundo que buena parte de la sociedad está en contra de esta sentencia.

Altagracia Yan fue más allá: “Yo prefiero la muerte física al hecho de tener que regularizarme, a vivir como extranjera en el país donde nací. Eso no se lo acepto ni al Tribunal Constitucional ni al presidente”. Jileini, licenciada en Educación, ve el futuro derrumbarse bajo sus pies: “No sé qué piensan hacer conmigo quitándome mis documentos, porque entonces, ¿qué vendría a ser yo? Mi sueño siempre ha sido ser maestra dominicana. Pasé una infancia feliz, saqué mi cédula, fui a la universidad, hasta que pasó la desgracia de que me negaron el duplicado de mi cédula porque mis padres son extranjeros”.

El economista Miguel Ceara-Hatton es una más de las voces disidentes ilustradas. Como todos, se echa las manos a la cabeza por el carácter retroactivo de la norma. “No es posible que a tres generaciones de dominicanos ahora les quieran quitar todos los papeles, que pretendan decretarles la muerte civil. Eso es inadmisible, es un abuso. Y peor aún es que sea retroactivo hasta 1929; es un abuso que viola la propia Constitución. La única salida es la movilización de la población. Porque hoy es esta ley, pero mañana puede ser cualquier otra. Ya hay un precedente”, opina.

¿Una represalia política?

Algunos ven motivos políticos ocultos tras la decisión, pues la judicatura está totalmente vinculada al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “Es curioso que este caso surja justo cuando hay una investigación por corrupción sobre el ex presidente Leonel Fernández. También es un momento en el que Haití está aumentando su comercio bilateral con Brasil, en lugar de importar productos de la República Dominicana, como hacía tradicionalmente. También el año pasado Haití comenzó a prohibir ciertos productos dominicanos como plásticos o huevos. Podría tratarse de una represalia política”, analiza desde Nueva York el historiador Edward Paulino, una de las voces de referencia de la diáspora dominicana. “Los afectados son gente de todo tipo: vendedores de periódicos, profesores, estudiantes, profesionales de todos los sectores. No hablamos sólo de la mano de obra barata que históricamente ha trabajado en los bateyes”, prosigue Paulino.

No es posible que a tres generaciones de dominicanos ahora les quieran quitar todos los papeles, le quieran decretar la muerte civil. Y peor aún es que sea retroactivo hasta 1929; es un abuso que viola la propia Constitución. La única salida es la movilización de la población, dice el economista Miguel Ceara-Hatton

Los bateyes son comunidades rurales surgidas en los campos de azúcar y formadas principalmente por inmigrantes haitianos procedentes del otro lado de la frontera de la isla Hipaniola. Ellos y sus descendientes pronto formaron el músculo semi-esclavizado que hacía funcionar las bases de la incipiente sociedad dominicana. Campesinos, braceros, personal de servicio: una casta por algunos considerada inferior que siempre despertó recelos entre el sector más pudiente de los dominicanos. Aun así, los descendientes de haitianos fueron escalando capas sociales hasta alcanzar en la segunda mitad del siglo XX una amplia integración en la vida pública del país caribeño.

Hoy, los inmigrantes haitianos y sus descendientes suman 768.783 personas, el 7,9% de la población total, según datos de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana. Entre ellos, los 210.000 dominicanos de primera generación que quedarían oficialmente sin estado (cifras de la ONU) y un número indeterminado de personas nacidas en Haití que llevan toda una vida en la República Dominicana y que, de repente, pasarán a carecer del derecho más elemental. La cifra total de afectados podría acercarse al medio millón.

Ya en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció esta práctica como una forma de discriminación arbitraria por motivos de raza. Ahora se suman multitud de organismos internacionales, o enegés y hasta los aliados del Gobierno dominicano. La Comunidad del Caribe (Caricom) pidió estos días al Ejecutivo de Medina que deje sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional. Lo ha hecho mediante una carta remitida por la presidenta de turno, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persal Bissessar.

El torbellino nacionalista

A pesar de las voces disidentes dentro del país, también hay un sector nada despreciable a favor de actualizar los registros censales y arrebatar la ciudadanía a los descendientes de haitianos. Una oleada nacionalista auspiciada principalmente por los círculos más conservadores. Por ejemplo, el arzobispo de Santo Domingo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que ha calificado el fallo como “justo”, canaliza el sentimiento de algunos dominicanos que critican a las organizaciones internacionales por entrometerse en sus asuntos. “No acepto que nadie venga aquí a decretar nada. Ningún país, ni los Estados Unidos, ni Francia. Nadie. Aquí, nosotros estamos a cargo", dijo el arzobispo en septiembre.

A pesar de las voces disidentes dentro del país, también hay un sector nada despreciable a favor de actualizar los registros censales y arrebatar la ciudadanía a los descendientes de haitianos. Una oleada nacionalista auspiciada principalmente por los círculos más conservadores.

Más mesurado pero igual de contundente se muestra el Gobierno dominicano. Su embajador en Washington, Aníbal de Castro, expuso los argumentos de su Ejecutivo en una entrevista a Univisión: “Si los padres no estaban debidamente documentados, esa persona nacida en la República Dominicana no es dominicana. No es una regla que toda persona nacida en un país adquiera automáticamente la nacionalidad de ese país. Si una persona nace en Gran Bretaña, Francia o España no es de ese país. Sencillamente tiene la nacionalidad de sus padres. En 140 países del mundo, el 80% de ellos, quien nace en un territorio no adquiere automáticamente esa nacionalidad”.

De Castro enfatizó asimismo que nadie en su Gobierno está hablando de deportaciones. “No los estamos rechazando: la República Dominicana ha dado acogida a centenares de miles de haitianos de manera pacífica. Nadie puede pensar que sus derechos no van a ser reconocidos. A aquellos que demuestren que han tenido arraigo en el país se les buscará una salida para que residan legalmente y puedan aspirar luego a la nacionalidad”, explicó.

“Se trata de una cuestión moral, más ahora que acaba de morir Mandela”, afirma Edward Paulino. “Los nacionalistas están usando ahora algo muy familiar en el tercer mundo: defender la soberanía de su pueblo. Sí que hay una larga historia de colonialismo, pero este caso está basado en algo que no es. ¿Por qué no hablan de las multinacionales, del medio ambiente, de la debilidad del Estado? Cuando me dicen que el problema más grave que tiene la República Dominicana es la migración haitiana, por encima de los servicios básicos o el control de la corrupción…, eso sí es un ataque a la soberanía”, argumenta el historiador, experto en la relación entre las dos naciones que comparten la isla de Hispaniola. Y concluye: “Quien dice que los haitianos son el reto más grande ignora más de 200 años de una relación de colaboración entre los dos pueblos”.

Haití amenaza con construir un muro en la frontera

Este fallo, tachado de “nazi” por el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, ha propiciado la creación de distintas asociaciones civiles en Santo Domingo. Una de ellas es Abrazos Solidarios, que llama a la inclusión social mediante la presión de la opinión pública y abrazos simbólicos a los miles de afectados. Por su parte, Haití ha amenazado con construir un muro en la frontera compartida como acto de protesta, mientras un grupo de presión bautizado como “Colectivo 4 de diciembre” ha hecho un llamamiento a todo el sector económico y político de Haití para boicotear el comercio dominicano en suelo haitiano.

Se da la paradoja de que la República Dominicana es uno de los principales emisores de inmigrantes irregulares hacia Estados Unidos. Estos inmigrantes sufren en sus carnes las mismas penurias legales que padecen los haitianos en la República Dominicana. Salvo que sus hijos, al nacer, sí obtienen el estatus legal de ciudadanos estadounidenses y disponen de las herramientas para salir del círculo de la marginación y la pobreza. Un beneficio al débil que Santo Domingo está dispuesto a cortar de raíz.