La comunidad
internacional ha condenado con razón una decisión de la Corte Suprema de la
República Dominicana de revocar la ciudadanía de por lo menos 350 mil
dominicanos de ascendencia haitiana. Por desgracia, esta decisión solo es una
de muchas acciones partidistas que amenazan el estado de derecho y el
crecimiento económico en esa nación. Los dominicanos de buena voluntad deben
actuar para restaurar la integridad e independencia de sus instituciones y
asegurar un futuro mejor para todos sus ciudadanos.
A principios
de este mes, la respetada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó
una visita a ese país para estudiar las implicaciones de la decisión de
implementar retroactivamente una enmienda constitucional del 2010 que redefinió
los derechos de la ciudadanía. Esta decisión despoja a multitudes de su
“derecho a la nacionalidad.” La Comisión emitió con urgencia una serie de
recomendaciones inequívocas que insisten en que el Estado dominicano adopte
“claramente, rápidamente y con justicia” medidas para “garantizar el
derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho” antes de
la sentencia.”
La decisión
del tribunal se ha defendido como una medida necesaria para responder a las
preocupaciones legítimas sobre la inmigración ilegal. Sin embargo, incluso
antes de la publicación de esta decisión judicial draconiana, las autoridades
electorales se habían negado a proporcionar tarjetas de identificación de
votantes a miles de personas de origen haitiano. Esta acción es probablemente
una maniobra política por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
para descalificar a los votantes de origen haitiano que tienden a votar
masivamente por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El PRD ha tenido en
sus filas a haitianos desde su fundación, como el fallecido José Francisco Peña
Gómez, orgulloso hijo de inmigrantes haitianos, quien fue un pilar del PRD.
El
presidente del PLD y ex presidente de la República Dominicana, Leonel
Fernández, ha llenado a la Corte Suprema y al tribunal electoral de amigos y
partidarios, lo que explica por qué estas instituciones del Estado sirven a sus
intereses políticos. Por ejemplo, el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Mariano Germán Mejía, fue socio de Fernández. Marta Olga García,
quien también es juez de la corte, es cuñada de Miguel Vargas, un caudillo con
quien Fernández está conspirando para dividir al partido opositor PRD.
Aunque
supuestamente el tribunal electoral está compuesto por jueces imparciales, sus
miembros fueron elegidos en base a su lealtad a Fernández y/o con el PLD.
Fernández ha ejercido un control absoluto sobre el tribunal electoral para
alterar el resultado de elecciones y para negar la representación proporcional
del partido de la oposición en el Congreso. Aunque el PRD ganó casi el 42 por
ciento de los votos a nivel nacional en 2010, solo obtuvo uno de los 32 escaños
del Senado.
Esta
manipulación atroz de las instituciones por parte del ex presidente Fernández
ha creado un estado unipartidista, como se narra en un informe publicado en noviembre por
el prestigioso Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en
Washington, DC y escrito por el veterano asesor del Senado estadounidense Carl
Meacham. Meacham destaca una maniobra descarada por Fernández al hacer un pacto
con el ex candidato del PRD Miguel Vargas para usurpar el control del PRD ,
derrocar a los líderes más fuertes del partido y socavar su capacidad para
establecer una campaña viable contra el PLD.
“El Tribunal
Superior Electoral (TSE) ha asegurado la desunión continua del PRD”, informa
Meacham . “Teniendo en cuenta su participación discrecional en la preservación
de Miguel Vargas en la presidencia del PRD – y su decisión de no intervenir
cuando se expulsó del PRD al ex presidente Hipólito Mejía. Algunos temen que el
TSE está desempeñando un papel indebido y decisivo para paralizar la oposición
principal del PLD.
Instituciones
disfuncionales atraparán a todos los dominicanos en la corrupción y el
deterioro económico. De acuerdo con Transparencia Internacional (TI), el país
ocupa el puesto 123 en percepción de mayor corrupción, solo por debajo de
Venezuela, Paraguay, Honduras y Nicaragua en las Américas. Un informe del Departamento de Estado
de este año señala que: “La corrupción sigue siendo endémica en todos los
niveles de la sociedad dominicana. Los encargados de hacer cumplir la ley,
militares y funcionarios del gobierno son a menudo acusados de una serie de
actos de corrupción, incluyendo el tráfico de drogas, lavado de dinero,
ejecuciones extrajudiciales y otros delitos”.
No es
sorprendente que el informe del CSIS señale que Fernández o sus aliados estén
involucrados en lavado de dinero y otros delitos graves. Miguel Vargas, por
ejemplo, fue acusado en un testimonio
jurado a principios de este año de haber aceptado 300,000 dólares del capo de
la droga José David Figueroa en Agosto del 2008.
Los
dominicanos de ascendencia haitiana no son los únicos ciudadanos que pagan un
precio por la corrupción sistemática en el país. Tal vez el escándalo
internacional actual generado por el fallo de la Corte Suprema estimulará a la
clase política y a la sociedad civil para promover reformas urgentes a las
instituciones judiciales y electorales. Sólo entonces la República Dominicana
volverá a ser un buen vecino y socio productivo para la región y los Estados Unidos.
El autor fue embajador de EE.UU. ante la
OEA y subsecretario de Estado durante la administración de George W. Bush. Él
es un investigador visitante en el American Enterprise Institute y director
ejecutivo de Visión Américas LLC, que representa a clientes estadounidenses y
extranjeros.
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