Un gobierno enemigo de las mayorías

                                         

Por: Lilliam Oviedo/LaBazuca.com

Cuatro personas muertas y más de diez heridas, es el saldo de la brutal represión a las protestas realizadas en distintos puntos del país durante los días 22 y 23 de octubre. El gobierno trata de impedir que, en los próximos días, haya contundentes manifestaciones a nivel nacional. Eludiendo el deber de hacer justicia, recurre a la brutalidad, al abuso y al crimen para mantener la gobernabilidad.

No basta, pues, con demandar que sean llevados a la Justicia quienes apretaron el gatillo, es preciso que los responsables políticos paguen sus culpas.

Danilo Medina encabeza un gobierno enemigo de los pobres que utiliza criminales a sueldo.

El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Elpidio Castro Castillo, habla de enfrentamientos para no reconocerse como agente de una política de uso de la fuerza contra la población.

Con desmedida desfachatez, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, alias Monchi (uno de los acaudalados miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana), declara que la protesta es una práctica obsoleta, y atribuye a quienes la promueven la culpa por la pérdida de vidas.

¿Qué dice de todo esto el procurador general de la República, en su condición de jefe del Ministerio Público? ¿Espera para actuar contra este descaro que su dirigente escriba un tratado sobre la obsolescencia de la protesta y su relación con el crecimiento de las fortunas de los miembros del Comité Político? Al fingir que no percibe lo evidente, el magistrado Francisco Domínguez Brito se retrata como agente de la injusticia y sigue enlodando su trayectoria como hombre público. ¡Es penoso, pero muy cierto!

En nombre de la Gobernabilidad

Evitar que el descontento popular se convierta en factor de articulación social y abra el camino hacia la necesaria cohesión política, es una tarea de corte estratégico que durante los últimos 17 años los sucesivos gobiernos han asumido sin descartar recurso alguno. Utilizan en cada coyuntura los recursos que entienden necesario, pero no renuncian a ella.

Durante el período de los doce años (tres sucesivos gobiernos entre 1966 y 1978), Joaquín Balaguer utilizó de manera sistemática el asesinato de dirigentes políticos, sindicales y populares, y sistematizó el uso de la brutalidad policial y la fuerza militar contra los sectores mayoritarios de la población.

La apertura política que con el repudio a Joaquín Balaguer este pueblo logró en 1978 (inicio del gobierno del PRD encabezado por Antonio Guzmán), no incluyó la renuncia de la clase dominante a poner el sello de crimen a la protesta. Las movilizaciones fueron calificadas como conspirativas unas veces y como vandálicas otras veces, y la represión llegó a cobrar vidas.

Durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986), se llegó al extremo de militarizar las calles para poner fin a las manifestaciones generadas por las antipopulares medidas económicas que multiplicaron de golpe el costo de los productos de consumo masivo. El número de muertos en abril de 1984 se cuenta por cientos.

La impopularidad del gobierno del PRD se constituyó en marco para el éxito de la nueva maniobra política de Joaquín Balaguer, quien volvió al Palacio Nacional en 1986 y siguió aplicando los recursos de coerción social que la clase dominante (a través de sus bien pagados voceros) presenta hoy como necesarios y como intrínsecamente justos.

¿Cuáles son los vándalos?

A través de sus voceros en los medios de comunicación, el gobierno presenta como vándalos a quienes protestan en las calles contra el abuso y la exclusión, y trata de justificar con ello la masacre y la brutalidad policial.

Criminales son quienes se han enriquecido fomentando la miseria en los sectores mayoritarios de la población. Criminales son quienes ahogan en sangre las demandas de justicia y de igualdad.

Es preciso, pues, fortalecer los mecanismos de organización y lucha que el gobierno debilita a través del clientelismo y la coerción, y contribuir a crear las condiciones para que Danilo Medina y su grupo no puedan evadir sus culpas. Las deudas de sangre no se perdonan.