Complicidad en el Combate al Narcotráfico Suprime Instituciones Trabajan para Ayudar Consumidores de Drogas

Complicidad en el Combate al Narcotráfico Suprime Instituciones Trabajan para Ayudar Consumidores de Drogas

Por: José Manuel Sánchez Mercedes/Destelao.com

Noviembre es el mes en que el estado dominicano nos tiene acostumbrados para consignar las partidas del presupuesto nacional a través del congreso y en atribuciones de la ley de gastos públicos, mediante la cual somete y aprueba incrementos porcentuales dependiendo de la cartera ministerial y de su importancia.

Apenas comenzó el mes de octubre se ha ejercido una especie de lobbismo  a nivel nacional en donde cada quien exige cumplimiento de la ley tales son los casos de Instituciones como hogares Crea Dominicano, inc., Fundación Fénix, Hogares Crea Internacional, Casa Abierta, entre otras instituciones afirman trabajan con más de 40,463 personas registradas bajo los programas que manejan, las cuales posiblemente no podrán ser atendidas por escasez de recursos para manejar la situación económica que deben afrontar cada día; esto es sin ampliar detalles sobre los reclamos de alcaldías y distritos municipales reclaman el cumplimiento del 10% que por ley corresponde y dejando de lado la aplicación del 4% otorgado a la cartera de educación.

En el caso de las entidades trabajan la salud y el comportamiento de personas consumidoras de drogas y sustancias narcóticas controladas, las que trabajan la prevención  del consumo narcótico, se han quejado de que el gobierno no ha incluido aumentos en el presupuesto para el ano 2014, lo que entendemos una falta de visión y de responsabilidad por parte del Estado Dominicano, cuya misión es atender los reclamos de la sociedad.

En ese sentido independientemente del presupuesto existe la ley 50-88 sobre Drogas, que refiere de manera expresa en el Art. 76.- Las sumas provenientes de las multas impuestas por las violaciones a la presente Ley, los derechos de los Certificados de Inscripción pagados, así como el producto de las ventas de los bienes incautados, serán destinadas para financiar las actividades de las instituciones públicas y privadas legalmente establecidas para desarrollar e implementar programas de prevención, rehabilitación y educación, contra el uso, abuso, consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en la República Dominicana, así como de cualquier otra institución pública o privada legalmente establecida para la implementación de programas de salud.

PÁRRAFO: (Modificado por la Ley No 17-95 del 17 de diciembre de 1995).- El Consejo Nacional de Drogas administrará y distribuirá los fondos de la siguiente manera: a) 15% para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas. b) 15% para la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación, para la práctica de los deportes. c) 40% para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ser utilizados conforme sus necesidades. d) 20% para el Consejo Nacional de Drogas, para prevenir y educar contra el uso de las drogas.

e) El 10% para el Patronato Nacional de Ayuda a los Cuerpos de Bomberos Civiles, para ser distribuidos entre los mismos equitativamente.

Sin menospreciar los alcances de los artículos 33, 34 y 35 de la misma ley 50-88 que versan sobre decomisos e incautaciones de bienes inmuebles y muebles, tangibles e intangibles que formen parte de las propiedades en manos de los narcotraficantes originadas por la venta de drogas o utilizadas para procesamiento en sus operaciones, incluido también el dinero decomisado empleado u obtenido en la comisión del delito de tráfico, puestos a la venta por el Estado Dominicano en los casos que aplican forma parte de los ingresos y valores habría que dividir como dice la ley, pero que no son distribuidos ni por asomo incumpliendo la ley, perjudicando a todas las organizaciones que expresamente enumera la ley 50-88.

Por tanto los bienes decomisados e incautados, descritos en los Artículos 33, 34 y 35, sobre los que pese sentencia irrevocable de incautación a nombre del Estado Dominicano, serán administrados y cuando se considere necesario, distribuidos o subastados por la Comisión Nacional de Drogas, salvo cualquier otra disposición del Poder Ejecutivo, no son distribuidos en la proporción supra indicada, violentando el mandato de la misma ley de drogas dominicana.

Peor aún desde hace muchos años vemos como se enriquecen simple agentes que trabajan al servicio de la dirección nacional de control de drogas, quienes vivían en chozas y de buenas a primeras en casas confortables en los mejores residenciales del país , quienes usan vehículos de lujo, exhiben riquezas inmobiliarias jamás podrían justificar ante la sociedad y que decir de los funcionarios públicos del Estado Dominicano, en el caso de los fiscales en materia de drogas, entraron sin un peso en los bolsillos hoy son dueños de negocios exitosos y rentables, ni hablar de policías investigadores quienes en complicidad con el ministerio público, luego de unas supuestas investigaciones respecto de x persona, preparan requerimientos para obtener autos que un juez otorga para posteriores allanamientos e incautaciones y así actuar en nombre de la ley, usando el poder de los jueces, quienes muchas veces también han entrado en complicidad esperando recibir su cuota de participación económica.

En este trayecto queda mucho dinero sin entrar a la cuenta del estado, pues son tomados y usados deliberadamente por los que están llamados a resguardar los bienes del país usándolos en su provecho personal sin rendiciones de cuentas, quienes aspiran más a negociar con los delincuentes que a resolver un caso de interés nacional, y esto queda claro cuando la mayoría de los narcotraficantes establecen que agentes antidroga, algunos fiscales y algunos jueces cogen sus cuartos y que no caen presos por ejercer negocio ilícito.

Con esas acciones los agentes y demás componentes de seguridad estatal, limitan el accionar de instituciones serias que trabajan la prevención y la conducta de quienes ya han caído en las garras de la adicción, otras naciones como es el caso de Norteamérica y Europa invierten cuantiosas sumas de dinero para ayudar a la población vulnerable en la obligación de rescatarlos del consumo y de reincorporarlos a la sociedad, en república dominicana aún existen ciertos niveles de reglas, pero no son cumplidas por los altos niveles de complicidad más allá de los manejadores llamados a combatir el tráfico y consumo.

Si el estado diera seguimiento con seriedad a quienes están obligados a perseguir el crimen de narcotráfico hubiera dinero más que suficiente para pagar la deuda externa, por algo a la república dominicana se le ha llamado con razón o sin ella Narco-Estado.  

Hagamos lo que nunca se ha hecho señor presidente, Manos a la Obra.