Precedente y revuelo
Precedente y revuelo
Santo
Domingo, República Dominicana.- La decisión jurídica del Tribunal Constitucional en virtud
de cual se ratifica que los hijos de extranjeros en tránsito en el país no son
dominicanos, abre un amplio debate en el país con inevitables repercusiones a
nivel de la comunidad internacional.
En el orden
local, el temor es que esto pueda desencadenar una oleada de discriminación y
persecuciones en un futuro no muy lejano, lo que nos expondría a serios
cuestionamientos en organismos defensores de los derechos humanos.
Para los
nacidos en este país de ascendencia haitiana, este dictamen es un golpe con
efectos incalculables.
Hablamos de
los cientos, hasta miles de personas que reclaman la nacionalidad dominicana,
alegando que cuentan con sus actas de nacimiento como cualquier otro
dominicano.
Es decir,
que fueron inscritos en el registro civil por sus padres, como lo fue Juliana
Deguis Pierre, y las oficialías les aceptaron dichos registros.
En ese entonces no les dijeron que el proceso era
irregular
No cabe la
menor duda que las condiciones para el otorgamiento de la nacionalidad han sido
reconocidas como parte del dominio reservado o competencia nacional exclusiva
del Estado, tal y como lo indica el Derecho Internacional Público desde hace
casi un siglo.
Pero varias interrogantes en este caso desatan el debate
¿Se tratarán
a todos los extranjeros igual con esta nueva medida, o se aplicará sólo a
nuestros vecinos haitianos? No es un secreto que si entra una persona de tez blanca
a una oficialía civil al mismo tiempo que una persona de color, toda la
cortesía y pleitesía se le rinde a la primera.
¿Al revisar
todos los registros civiles, se le quitará la documentación a miles de personas
que desde hace décadas cuentan con cédula y que sólo conocen esta tierra como
su país?
Al
condenarnos como nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el
caso de las niñas domínico haitianas Yean y Bosico, estableció claramente que
la nacionalidad ha dejado de ser un simple atributo otorgado por el Estado a
sus súbditos, porque se trata de un derecho fundamental en sí mismo.
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