Por JUAN T H / Los ciudadanos, a través del gobierno
que previamente elige, permite que los funcionarios administren el dinero
recaudado con sus impuestos para que lo inviertan en obras que los beneficien,
no que los perjudiquen.
Esos señores
y señoras deben manejar esos recursos con absoluta transparencia, sujetos
siempre, por mandato de la Constitución y las leyes, al cuestionamiento de las
partes, es decir, de los ciudadanos.
El dinero
del Presupuesto de la Nación, es dinero público, dinero del pueblo, de la
gente. Es por eso que los funcionarios son “servidores públicos”. Están para servirle a la gente, no al revés, como ocurre.
Si los
ciudadanos, ven que el dinero, su dinero, no se está administrando como debe
ser, tienen el derecho y hasta la obligación de pedir y de exigir explicaciones
tanto en los medios de comunicación como en los tribunales.
Yo, usted,
nosotros. Todos los pagamos al Presidente, los ministros y demás “servidores
públicos”, incluyendo militares y policías que tantos abusos cometen contra la
ciudadanía. Todos deben rendir cuentas cuando así lo pidamos.
Si alguien,
el Presidente, el Ministro, quién sea, se roba ese dinero debe ir preso.
Lo he dicho
muchas veces y lo seguiré diciendo: Todo el que llega pobre a un cargo del
gobierno y sale rico, es un ladrón. No hay otra forma de hacer dinero desde una
posición pública.
El Partido
de la Liberación Dominicana pretende, mediante una ley, quitarles a los
ciudadanos el derecho a defender lo suyo. El dinero de sus impuestos que muchos
de sus miembros se ha robado impunemente.
Dice un ex
procurador general que mantener el artículo 83 del Código Procesar Penal que
permite que los ciudadanos demandar a los funcionarios públicos se presta al
chantaje y la extorsión. Yo le pregunto, ¿cuáles funcionarios han sido
chantajeados? ¿Conoce algún Ministro que
esté siendo extorsionado con la amenaza de someterlo a la justicia? Si es así,
que lo diga. Pero aun sea cierto, ¿es motivo para eliminar el derecho ciudadano
de pedirle cuentas a sus servidores?
Durante los
gobiernos del PLD se denunciaron más de 200 casos de corrupción. ¿Cuántos
fueron investigados? ¡Ninguno! ¿Cuántos funcionarios sometieron a la justicia por corrupción? ¡Ninguno! ¿Cuántos
están presos por corruptos? ¡Ninguno! A pesar de que organismos tanto
nacionales como internacionales han establecido que la corrupción le cuesta al
país alrededor de cien mil millones de pesos todos los años.
Como todos
sabemos, la mayoría de los dirigentes del PLD, hasta el año 1996, llegaron al
poder andaban en chancletas, eran pobres, no tenían “ni con qué caerse
muertos”. Y hoy compiten con los grupos
económicos tradicionales del país. ¡No pueden justificar sus inmensas fortunas
a costa de la pobreza del pueblo! (Más
del 53 % de los dominicanos son pobres)
El artículo
146 de la Constitución invierte el fardo de la prueba al establecer que los
funcionarios deben explicar la idoneidad de su patrimonio. Es decir, ellos son
quienes tienen que demostrar que los
bienes obtenidos son lícitos. Ese
artículo es letra muerta. El Ministerio Pública no actúa. Nadie ha sido
investigado.
El PLD se
blindó con la mayor acumulación de dinero que registra la historia, lo cual le
permitió tomar el control de todos los poderes del Estado, incluyendo los
poderes fácticos. No solo compró medios de comunicación y “líderes de opinión”,
también compró los principales dirigentes de los partidos políticos grandes y
pequeños. Hoy el país tiene una dictadura amparada en una constitucional que
ignora cuándo le conviene.
El último
zarpazo a la democracia es pretender quitarles a los ciudadanos el derecho a
denunciar y someter a la justicia a los funcionarios corruptos. Con ese paso la
dictadura del PLD, Leonel-Danilo. Y viceversa, se afianza y se fortalece. Para
salir de esa dictadura legalizada y legitimada por la corrupción y el saqueo solo
queda como esperanza el PRD Mayoritario y la Convergencia donde debe primar,
más que nada, el sentido patriótico.
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