Rosario
Espinal
El desafío
argumentativo consiste en ser coherente, el humano en ser justo, y el jurídico
en apegarse a la ley. Cuando estos desafíos marchan por caminos diferentes, la
difícil tarea humana de convivir se complica aún más y se propagan los
argumentos errados.
Durante el
último siglo, los gobiernos dominicanos no debieron permitir la migración
ilegal haitiana, pero más pudo el afán de lucro que la previsión de los
problemas sociales que derivarían de ella.
Trujillo y
Balaguer trajeron haitianos a los bateyes porque la mano de obra era barata, y
en su miseria, esos trabajadores estaban dispuestos a realizar trabajos duros.
Ambos denigraban los haitianos, pero los usaron para beneficio económico y para
elevar con simulacros la dominicanidad que ellos herían constantemente con su
despotismo. Si hay que buscar culpables del tollo migratorio actual, hay que
comenzar con ellos, porque después de la independencia y la restauración, la
nación dominicana quedó establecida con soberanía de Haití y España.
Con
posterioridad al dúo Trujillo-Balaguer, todos los gobiernos dominicanos han
permitido la migración ilegal de haitianos para beneficio empresarial, y de vez
en cuando, arman un alboroto nacionalista con el discurso de que otros países,
organismos internacionales y algunas ONG obligan al gobierno dominicano a
acogerlos. Con este falso argumento patean la soberanía dominicana y hacen un
flaco servicio al país.
Nadie,
absolutamente nadie, obligó el gobierno dominicano a traer los obreros
haitianos. El gobierno lo hizo solito a cambio de grandes ganancias económicas,
aunque ahora las llamadas fuerzas nacionalistas pataleen por la soberanía que
no han protegido.
Que quede
claro, los gobiernos dominicanos han permitido la migración haitiana para la
explotación, no por imposición extranjera. Los trabajadores haitianos fueron
aceptados como válidos en la agricultura y la construcción, aunque muchos nunca
recibieran documentos oficiales de identificación, ni tampoco sus
descendientes.
La mayoría
de los dominicanos concuerda en que la migración haitiana constituye un serio
problema social para República Dominicana, y hay razones válidas para la
preocupación. Las diferencias radican en cómo abordar la desorganización
migratoria y el estatus de los descendientes de inmigrantes indocumentados.
Cuando la
Suprema Corte de Justicia en 2005, y ahora el Tribunal Constitucional,
reinterpretaron la Constitución, poniendo a los hijos de inmigrantes
indocumentados nacidos y criados en República Dominicana en un categoría
similar al de personas “en tránsito”, recurrieron a un razonamiento ilógico
desde el punto de vista jurídico, histórico y humano, y eso debilita la
soberanía.
La República
Dominicana es un país pequeño, con una economía abierta y altamente dependiente
de Haití para la mano de obra barata y la exportación de productos. Entonces,
¿qué persigue el gobierno con el mal manejo de la cuestión migratoria?
La comunidad
internacional estaría del lado de República Dominicana si existiera realmente
una política coherente y justa de control migratorio. Lo que no puede hacer el
país es sostener un sistema de súper-explotación laboral, y a la vez, negar
derechos a la comunidad migratoria y a sus descendientes.
La
controversia que ha generado la Sentencia TC 168/13 se debe a que unos desean
declarar extranjeros en base al criterio de “transitoriedad” e “ilegalidad” a
personas que nacieron y se criaron en República Dominicana, mientras otros
consideramos que a esos nacidos y criados en territorio dominicano les
corresponde la nacionalidad dominicana por las disposiciones constitucionales
dominicanas anteriores a 2010, y porque la misma Constitución de 2010 garantiza
derechos previamente adquiridos.
La soberanía
nacional se construye con coraje, justicia e ideales nobles, no pateando
derechos humanos ni con pataleos nacionalistas que denigran la dominicanidad y
crispan la nación.
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