Yo también leí el informe del CSI
Margarito Carlos de Leon
Por:
Margarito Carlos De Leon
La Sociedad
política nacional ha sido estremecida por un informe que retrata de cuerpo
entero la preocupante y no menos peligrosa realidad por la que atraviesa el
sistema de partidos en la Republica Dominicana.
El informe de
la autoría de Carl Meacham, Director del
programa América del Center for Strategic and international Studies CSIS, Organización no gubernamental radicada
en la capital de Los Estados Unidos, se ha convertido en un tema importante de discusión de políticos, empresarios,
inversionistas, comunicadores, politólogos
y personas independientes conocedoras de la situación que vive la Patria
de Juan Pablo Duarte.
La opinión del
gobierno no se hizo esperar, lo hace a través de sus funcionarios quienes
naturalmente tratan de descalificarlo restando calidad y meritos al documento
en cuestión, uno de estos es el honorable embajador en Washington Sr. Anibal de Castro.
En una extensa
comunicación, el periodista y diplomático, califica el informe de decepcionante
y un flaco servicio al “Debate Académico”,
entre otras consideraciones y
sobretodo trata de alegar que los consultados fueron personas desafectas al
actual gobierno y que además de tendenciosos son repetitivos en este tipo de
denuncias.
El señor embajador justifica que la Corrupción
existente en el país obedece a un mal que afecta a todos los países y
sociedades del mundo y en su afán por
justificar su rol de representante del actual gobierno y las barbaridades en
que este incurre y apadrina, aduce que no hay evidencias de que el sistema
judicial este influenciado por el actual partido de gobierno.
Y se va más
lejos en su defensa del estado de cosas imperantes en el país. Afirma que no hay evidencias de que exista
impunidad en el país y que nuestros ciudadanos confían firmemente en el actual sistema judicial, no
existiendo un solo ejemplo de que hayan
tenido que dirimir conflictos ni disputas de manera extra judicial. O lo que es lo mismo. Tomando la justicia en sus manos.
Yo también leí
el informe y difiero totalmente de las opiniones emitidas por el embajador de
la Republica Dominicana en Washington, quien debió visitar el país antes de
redactar su desafortunada respuesta. No
vamos a hacer un relato tan largo de nuestras diferencias. Pues en el País casi todos conocemos la
realidad y por lo tanto otorgamos
crédito y valides al mismo.
Queremos
iniciar diciendo que resulta risible tratar de descalificar este documento
porque algunas de las informaciones fueron producto de entrevista a
comunicadores de reconocida tradición en defensa de los valores éticos y
morales de los dominicanos. Por nuestra
cuenta, afirmamos que la respuesta del embajador no se compadece con el rigor del informe que pretende rebatir.
Los Blogs, las redes sociales, las páginas de los dos o
tres diarios digitales que aun mantienen su independencia están repletas de
denuncias de corrupción, de pruebas sobre
sentencias venales, de acciones deshonestas por parte de jueces
comprometidos con el Partido de Gobierno que han dictado sentencias inconcebibles por parte del
Tribunal Superior Electoral, con la aviesa intención de favorecer a una de las
partes en conflicto dentro del Partido revolucionario Dominicano.
Las denominadas
altas cortes entre ellas, El tribunal
Constitucional y la Suprema Corte de Justicia están dirigidos por dirigentes
políticos miembros del actual partido de gobierno y los demás obedecen a
recomendaciones de quien fungió como contraparte de la firma del pacto conocido
como Las corbatas azules.
La inseguridad
jurídica es una realidad en el país. No
es posible adquirir ningún permiso o documento sin que medie el soborno y la
coacción por parte de los representantes de los organismos correspondientes,
obstaculizando la inversión extranjera y la iniciativa privada. Es innegable
que se han firmado contratos extra-nacionales por encima de las leyes
nacionales y sin la aprobación del congreso, como fue el caso de la Sunland.
El clientelismo
político esta a la vista de todos. Solo tenemos que echar un vistazo a la
nomina oficial. Y revisar los planes sociales del estado que no
están regulados por ninguna ley y son utilizados por el gobierno de turno, para
mantener cautivo una cantidad
considerable de votantes o electores otorgándole ventaja al partido
gobernante. Y que decir de la
composición de la Junta Central Electoral, Podremos exigir imparcialidad a su
presidente quien salió del Comité Político del actual partido Gobernante.
Difiero
del informe en dos cosas, Miguel Vargas
no era Presidente del Partido Revolucionario Dominicano al momento de firmar el
pacto de las corbatas azules, fue un usurpador de esas funciones. Y
también en la referencia a la ley de partidos. En la Republica Dominicana no existe una ley
de Partidos Políticos ni penalización
del delito electoral.
Lo dejamos
hasta aquí, tratando de satisfacer la promesa de ser breve.
Margarito Carlos De Leon
Unión Dominico Americana USA
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