EE.UU dice que en República Dominicana las leyes sobre transparencia y narcotráfico son letra muerta

Para la Embajada de EE.UU, si la decisión se derivó, de hecho, de una falta de voluntad para enfrentar al presidente Leonel Fernández, en esos momentos descrito como “popular y políticamente poderoso”

Wikileaks: EE.UU critica fallo caso Sun Land, narcotráfico, corrupción y favoritismo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo criticó en 2008 que el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el escándalo del préstamo con la Sun Land, la vinculación de altos oficiales policiales y militares en el narcotráfico y los indultos otorgados por el presidente Leonel Fernández a condenados por corrupción.

Asimismo, expresó que estos hechos prueban la debilidad institucional y la falta de respeto por las leyes, lo que hace ineficiente la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la República Dominicana.

Esas afirmaciones se encuentran en el cable 001959, calificado de “sensitivo”, fechado el 23 de diciembre de 2008, y que forma parte de los más de 2 mil informes sobre la República Dominicana que una fuente del gobierno de Estados Unidos entregó a Wikileaks, portal que los puso a disposición del público

Sobre la Sund Land y la Suprema Corte

Sobre el fallo tardío que emitió la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, rechazando el recurso presentado por varias entidades, y en el cual tres jueces discreparon, la Embajada de EE.UU destaca que, en lugar de ver la emisión de una disidencia judicial como parte del proceso normal, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Subero Isa, pareció criticar la falta de unidad en el tribunal, al decir que “la SCJ necesita un nuevo liderazgo".

“No está claro lo que el presidente de la SCJ quiso decir con su declaración”, comenta el cable y agrega que el fallo provocó, en general, una cobertura de prensa negativa, además de la burla.

Para la Embajada de EE.UU, si la decisión se derivó, de hecho, de una falta de voluntad para enfrentar al presidente Leonel Fernández, en esos momentos descrito como “popular y políticamente poderoso”

“Algunos críticos dicen que la decisión aplasta la facultad de los ciudadanos para presentar demandas por acciones supuestamente inconstitucionales por parte del gobierno -un derecho establecido por una serie de decisiones previas de la Corte Suprema. Otros medios de comunicación (y también la Embajada de EE.UU) tienen la firme sospecha de que la SCJ tomó la decisión por motivos políticos”, precisa.

Para la Embajada de EE.UU, si la decisión se derivó, de hecho, de una falta de voluntad para enfrentar al presidente Leonel Fernández, en esos momentos descrito como “popular y políticamente poderoso”, entonces le asestó un golpe a los años de esfuerzos  del gobierno estadounidense para promover el imperio de la ley en República Dominicana.

Los indultos a los corruptos

El 22 de diciembre, el presidente Leonel Fernández emitió indultos a un número de personas condenadas por su participación en el caso de fraude financiero de Baninter y en el caso de corrupción Renove. Una de las personas perdonada fue la ex-vicepresidenta de Baninter, Vivian Librano de Castillo, que había sido condenada a cinco años de prisión y a una multa de 1,5 millones de pesos dominicanos, pero quien nunca estuvo en la cárcel. Otras cuatro personas relacionadas con el caso Renove, también fueron indultadas.

“El Presidente tomó esta medida en el periodo de la Navidad, no sólo porque se supone que sea una temporada de buena voluntad, sino también porque los guardianes clave de la sociedad civil -como FINJUS y Participación Ciudadana- están de vacaciones”, sostiene la Embajada de EE.UU. Debilidad institucional e irrespeto a las leyes

La Embajada de EE.UU observa que en el país hay instituciones políticas muy débiles, excepto la Presidencia de la República.

También afirma que existe falta de respeto por el imperio de la ley.

“Si bien el Gobierno ha aprobado legislaciones importantes para avanzar en la transparencia, la rendición de cuentas, la gestión financiera y la lucha contra el narcotráfico, la aplicación efectiva es deficiente”, expresa el cable.

Sostiene que la falta de aplicación de las leyes explica el lento progreso de la República Dominicana, según los principales indicadores de gobernabilidad o del cumplimiento de la ley

Asunto: estado de derecho diciembre 2008

1. (U) Lo que sigue constituye la primera de una serie planificada de cables para reunir y resumir la evolución del imperio de la ley, en mayúsculas: los casos notables y controversias relacionadas con la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico y la trata de personas, así como el funcionamiento de las instituciones públicas que se supone deben garantizar una buena gobernabilidad.

Casos notables o incidentes en las últimas semanas

El caso Sun Land

2. (SBU) El 18 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República Dominicana dictaminó que los demandantes (el opositor Partido Revolucionario Dominicano y una ONG, Foro Social Alternativo) no están legitimados para presentar una demanda contra el gobierno del presidente Leonel Fernández en el caso Sun Land. Este caso se refiere a la firma de un contrato por la Oficina de Supervisión de Obras del Estado para un préstamo de (la empresa) Sun Land por un monto de US$130 millones, sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, como lo exige la Constitución dominicana. El dinero iba a ser utilizado en obras públicas en un momento en que la República Dominicana se encontraba en su ciclo de elecciones -de ahí la sensibilidad del partido de la oposición. El acuerdo también se llevó a cabo en el contexto de un acuerdo con el FMI que restringe el gasto del Gobierno dominicano.

3. (SBU) La SCJ sí indicó que el Poder Ejecutivo se equivocó al firmar el contrato de préstamo Sun Land, pero que sólo los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados podrían interponer una demanda. Tres jueces discreparon, alegando que el tribunal simplemente debería haber dictaminado que el trato se hizo inconstitucionalmente. Es de destacar que, en lugar de ver la emisión de una disidencia judicial como parte del proceso normal, el presidente de la Corte Suprema de Justicia pareció criticar la falta de unidad en el tribunal, al decir que “la SCJ necesita un nuevo liderazgo". No está claro lo que el presidente de la SCJ quiso decir con su declaración.

4. (U) Esta (no) decisión, provocó, en general, una cobertura de prensa negativa, además de la burla. Algunos críticos dicen que la decisión aplasta la facultad de los ciudadanos para presentar demandas por acciones supuestamente inconstitucionales por parte del gobierno -un derecho establecido por una serie de decisiones previas de la Corte Suprema. Otros medios de comunicación (y también la Embajada de EE.UU) tienen la firme sospecha de que la SCJ tomó la decisión por motivos políticos.

5. (SBU) COMENTARIO: Si la decisión se deriva, de hecho, de una falta de voluntad para enfrentar al Presidente, actualmente popular y políticamente poderoso, le asestaría un golpe a nuestros años de esfuerzos para promover el imperio de la ley. Un periódico publicó un editorial que dice que la decisión de la SCJ “erosiona el orden judicial y drena la credibilidad de la máxima instancia judicial del país”. FIN DEL COMENTARIO.

Avión “pirata” desaparece

6. (SBU) El 15 de diciembre, los medios de comunicación informaron sobre la pérdida de 12 personas que se dirigían en un pequeño avión desde la República Dominicana hacia Turcos y Caicos, y presumiblemente, hacia los Estados Unidos. Resultó que el piloto tenía su licencia suspendida desde 2006 (o antes), y el diario conservador Listin Diario citó “fuentes creíbles” de que previamente  había estado implicado en casos de contrabando de personas y drogas, incluyendo el caso Quirino (véase el párrafo 9, más abajo). Hubo versiones contradictorias acerca de si al propietario de la aeronave, que vive y opera en Puerto Rico, le habían robado su avión, o si lo había enviado a la República Dominicana para hacer reparaciones. La idea central del informe indica que se trató de un intento fallido de contrabando de personas hacia EE.UU. por un máximo de US$16,000 (según fuentes no oficiales: se pagan US 6,000 por adelantado, y US$10,000 a la entrega de las personas objeto de tráfico).

Los investigadores están averiguando cómo un piloto sin licencia fue capaz de despegar del Aeropuerto Internacional de Santiago, y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) suspendió a tres técnicos de aviación en el aeropuerto, mientras que la investigación sigue en marcha. El 22 de diciembre, el Director Ejecutivo del Departamento de Aeroportuario, Andrés Van Der Horst, dijo a la prensa que varias entidades (incluidas las de inteligencia militar -el “J-2”, la Dirección de Migración, el IDAC y el Cuerpo de Seguridad de Aeropuertos -CESA) se reunirán en enero de 2009 para identificar y autorizar medidas que permitan reducir el número de vuelos “piratas”.

Un asesor del presidente del IDAC llamó a la Embajada el día 22 de diciembre para instar a la participación estadounidense de la USAID, que desempeñó un papel importante en el establecimiento de los esfuerzos inter-institucionales del defensor público para “erradicar todos los viajes ilegales por mar y aire”.

Cámara de Cuentas

7. (SB) La prensa indica que los nueve miembros nuevos de la Cámara de Cuentas -el órgano encargado de supervisar el uso de las finanzas públicas- se habían auto  asignado sustanciales beneficios de Navidad, violando así las propias reglas de la Cámara. Las reglas dicen que los miembros, o “jueces”, deben servir al menos tres meses antes de ser elegibles para recibir un bono salarial de fin de año (el “sueldo del mes 13”). Sin embargo, los nueve miembros se instalaron el 9 de octubre de 2008, y recibieron bonos de vacaciones e “incentivos” entre los días 8 y 9 de diciembre. Los miembros anteriores de la Cámara de Cuentas tuvieron que dimitir en masa en el verano de 2008, debido a una serie de acusaciones de la propia institución de casos de corrupción de varios de ellos.

Además, este Tribunal de Cuentas anterior se vio sacudido por un escándalo al comienzo de su mandato, en enero de 2007, cuando los miembros se otorgaron enormes aumentos, inmediatamente después que el Congreso aprobó una ley de austeridad. (Posteriormente, redujeron su paga en marzo de 2007, pero no está claro si alguna vez devolvieron el dinero extra que pudieron haber recibido entre enero y marzo.) Ninguno de los antiguos miembros ha sido procesado, ni hay indicio alguno de que la nueva serie de jueces lo será, aunque pudieran tener que desembuchar sus bonos.

La masacre de Baní (Paya) (ref A)

8. (SBU) A finales de noviembre, la Corte Suprema de Justicia (SCJ) rechazó una demanda del ex jefe de la Policía de Bani, Hilario González, contra el senador Wilton Guerrero, porque el senador había denunciado al jefe de la Policía de haber trabajado con los narcotraficantes. González fue destituido de su cargo después de las declaraciones públicas de Guerrero, de que varios oficiales (de la Policía) estaban facilitando el comercio de drogas ilegales en el área de Paya, en Baní. Aunque la función exacta de González, si la hay en su caso, no está clara, por lo menos una docena de oficiales de la Marina han sido detenidos en relación con el caso, lo que indica que acusaciones de Guerrero de complicidad oficial no carecen de fundamento. Curiosamente, sin embargo, el 22 de diciembre el único sobreviviente de la masacre de Baní (o Paya) será acusado de trata de personas, no de narcotráfico. La Embajada está verificando esta información.

Caso Quirino (Confiscación de bienes):

9. (SBU) El 22 de diciembre se filtró que puede estar en marcha un acuerdo mediante el cual la familia del presunto narcotraficante Ernesto Quirino Paulino Castillo estaría bajo protección, a cambio de la cooperación de Quirino. También se ha hecho pública la decisión de EE.UU. de renunciar a las reivindicaciones de los US$14,5 millones en bienes incautados en relación con el caso. Esto significa que los bienes decomisados ​​serán distribuidos de acuerdo con la ley dominicana -un 50% va a la DNCD (Dirección Nacional de Control de Drogas) y por lo menos 25% va a las organizaciones no gubernamentales que participan en las actividades de prevención de drogas.

Casos Baninter y Renove (Los indultos de Navidad)

10. (SBU) El 22 de diciembre, el presidente Leonel Fernández emitió indultos a un número de personas condenadas por su participación en el caso de fraude financiero de Baninter (ref B) y en el caso de corrupción Renove. Una de las personas perdonada es la ex-vicepresidenta de Baninter, Vivian Librano de Castillo, que había sido condenada a cinco años de prisión y a una multa de 1,5 millones millones de pesos dominicanos, pero quien por supuestos motivos de salud, nunca estuvo en la cárcel. Otras cuatro personas relacionadas con el caso Renove -cuyas condenas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo en marzo- también fueron indultadas.

Es de destacar que el Presidente tomó esta medida en el periodo de la Navidad, no sólo porque se supone que sea una temporada de buena voluntad, sino también porque los guardianes clave de la sociedad civil -como FINJUS y Participación Ciudadana- están de vacaciones. Queda por ver cuál será la reacción oficial de esas organizaciones, pero dos destacados periodistas que estaban al servicio de la Comisión de Indultos renunciaron inmediatamente. Uno de ellos, Huchi Lora (Luis Eduardo), afirmó que los indultados no habían aparecido en una lista de nombres que ellos revisaron sólo la semana antes, con el Fiscal General.

Defensores del Pueblo:

11. (U) Una buena nota: El diario Hoy informó el 22 de diciembre que desde que se creó la oficina del defensor público hace cinco años, la entidad ha ayudado a más de 76,000 personas indigentes.

Observaciones finales

12. (SBU) COMENTARIO Muchos de los sucesos antes mencionados demuestran la debilidad de las instituciones políticas (aparte de la Presidencia) y una falta de respeto por el imperio de la ley. Si bien el Gobierno ha aprobado legislaciones importantes para avanzar en la transparencia, la rendición de cuentas, la gestión financiera y la lucha contra el narcotráfico, la aplicación efectiva es deficiente. Un factor es que el país es tan pequeño -“un patio”, como lo definió un funcionario- que los vínculos personales y la falta de espacio para esconderse ayudan a que muchos dominicanos se inhiban de tomar medidas audaces. Por otra parte, la pequeñez relativa de la población, podría -si las actitudes cambiaran- influir para reforzar un comportamiento de respeto a la ley. En cualquier caso, la falta de aplicación (de las leyes) explica el progreso menos que estelar que ha realizado la República Dominicana, según los principales indicadores de gobernabilidad o del cumplimiento de la ley.