Por: Miguel Guerrero
Nada resulta
tan aterrador que escuchar a los políticos nuestros, igual en el gobierno como
en la oposición, hablar de la importancia de preservar los “bienes del
pueblo dominicano”, como si se tratara de una misión que la divinidad ha puesto
sobre sus cabezas. Con esa retórica falsa e insulsa, obsoleta desde hace
tiempo, se han enriquecido a costa de los verdaderos intereses de la República,
manteniendo contra toda lógica y razón estructuras deficitarias que quiebran
una y otra vez sin que les importe el alto costo que ello tiene para la
estabilidad económica y el bienestar de la mayoría de la población. Así tenemos
una CDEEE para administrar apagones, un Consejo Estatal del Azúcar sin ingenios
convertida en una agencia de bienes raíces, y una Corporación de Empresas
Estatales llevada mil veces a la bancarrota, sin patrimonio real alguno. En
base a ese supuesto deber sagrado de defender los derechos del pueblo, la clase
política ha constreñido la expansión de la iniciativa privada e hipertrofiado
el gasto público. Se ha agigantado así un Estado parasitario que nada hace y
poco deja hacer, en detrimento de la salud material y espiritual del país. El
resultado ha sido un aparato improductivo que al decir del hoy ex presidente
Fernández, en sus días de oposición por supuesto, no es más que “una estructura
jurídica al servicio de la corrupción”, tal vez la frase más feliz de todo su
discurso. Sin control ni obligación de rendirle cuentas al país, esa anacrónica
concepción de la función del Estado ha reducido nuestro espacio democrático y
comprometido seriamente las oportunidades futuras en un mundo cada vez más
globalizado y un comercio internacional más exigente en términos de
competitividad. Aunque duela reconocerlo el caso es que fomentar la
productividad y el buen desempeño económico no es negocio para los que
estuvieron, los que están y los que vienen. -
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