Corte Derechos Humanos en sesión exclusiva
para conocer violaciones Republica Dominicana
Hoy se
inicia en la ciudad de México el 48° Período Extraordinario de Sesiones de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en cuya agenda figura como punto
principal conocer acusaciones a la República Dominicana de hacer expulsiones arbitrarias
de haitianos y discriminar a descendientes de éstos.
Durante
estas sesiones, las cuales se extenderán hasta el próximo viernes, se llevará a
cabo además un Seminario Internacional sobre "Diálogo Jurisprudencial e
Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Tendrán
lugar en la Biblioteca México "José Vasconcelos", ubicada en Plaza de
la Ciudadela núm. 4, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc.
Caso Tide Méndez y otros
El 12 de
julio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el caso “Tide Méndez y otros contra
República Dominicana (No. 12.271)”.
De acuerdo a
la Comisión, el caso se relaciona con detenciones y expulsiones sumarias del
territorio nacional de 27 personas, las cuales se habrían producido “en un
contexto de deportaciones colectivas y masivas que afectaban igualmente a
nacionales y extranjeros, documentados e indocumentados, quienes tenían su
residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y
familiares con República Dominicana”.
Indica que
“las características fenotípicas y el color de la piel habrían sido elementos
determinantes en el momento de seleccionar a las personas que iban a ser
detenidas y posteriormente expulsadas, lo que demuestra un patrón de
discriminación respecto de otras personas”.
Alega
que "presuntamente existían una serie de impedimentos para que los
migrantes haitianos regularizaran su situación legal en el país y para que
pudieran inscribir a sus hijos e hijas nacidos en territorio dominicano”.
Manifiesta la
Comisión que los impedimentos para conceder la nacionalidad a las personas
nacidas en territorio dominicano, a pesar de que el Estado respeta el principio
de jus soli, constituyen una privación arbitraria de la nacionalidad, que
promueve la detención y posible deportación de nacionales, y colocó a las
presuntas víctimas en una situación de extremo riesgo y vulnerabilidad.
Niños migrantes
En cuanto a
la situación de los niños y las niñas presuntas víctimas del caso, la Comisión
alegó que era posible advertir “una secuencia de hechos que se inician con la
negativa de inscripción del nacimiento y la consiguiente imposibilidad de
obtener la nacionalidad y acceder a servicios básicos de salud y educación,
continúa con la exposición a ser detenidos y expulsados arbitrariamente del
país del que eran nacionales, sin tener en cuenta sus necesidades por su
condición de niños y niñas y afectando el normal desenvolvimiento de su
proyecto de vida personal y familiar, y finaliza con la imposibilidad de
acceder a recursos judiciales para la protección de sus derechos”.
Señaló
que durante su detención, las presuntas víctimas no recibieron agua,
alimentos ni asistencia médica, y su expulsión conllevó "el desarraigo, el
desmembramiento de los lazos y la estructura familiar, y afectó el normal
desarrollo de las relaciones familiares, incluso para los nuevos miembros de la
familia".
Concluyó que
la alegada expulsión de las presuntas víctimas implicó la pérdida automática de
facto de todos aquellos efectos que quedaron en territorio dominicano, lo que
constituyó una privación ilegal de sus bienes, y no reciben ninguna
indemnización al respecto.
En este
sentido, solicita reparaciones que estima que deben otorgarse a las presuntas
víctimas.
Cita “violaciones”
La Comisión
solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 3 (Derecho al
Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 5 (Derecho a la Integridad
Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17
(Protección a la Familia), 19 (Derechos el Niño), 20 (Derecho a la
Nacionalidad), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de Circulación
y de Residencia), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial) de la
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar
los Derechos) de dicho tratado, en perjuicio, según sea el caso, de las
presuntas víctimas del presente caso.
Las
acusaciones fueron elaboradas en base a un informe incoado por Benito Tide
Méndez y otros ciudadanos, quienes señalaron que fueron despojados de sus
cédulas de identidad (que las autoridades del país describieron como cédulas
falsas, por no estar sustentadas en actas de nacimiento ni estar asentadas en
los libros de la Junta Central Electoral).
Declararon
que fueron objeto de atropellos por parte de las autoridades, que sus bienes se
perdieron de resultas de la deportación y que se les privó de derechos
adquiridos.
El
expediente fue cuidadosamente elaborado por el Movimiento de Mujeres Domínico
Haitianas (MUDHA), la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Columbia, el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR)
y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).
Todas las
personas demandantes ratificaron ante notarios que, al ser despojados de sus
cédulas de identidad, les fueron vulnerados sus derechos.
No fue presentado a la
justicia dominicana
El expediente
no fue presentado a la Justicia dominicana ni fueron agotados aquí los
procedimientos previstos en las normas de la Corte Interamericana.
Defensa de las “víctimas”
En
representación de las víctimas declararán la antropóloga Tahira Vargas, el
abogado Cristóbal Rodríguez y la psicóloga Rosa del Rosario,
cuyas versiones serán acompañadas del peritaje de la señora Briget
Wodding (que dirige una ONG pro haitiana en la República Dominicana y es
miembro del Observatorio de Asuntos Haitianos dirigido por el sociólogo
Wilfredo Lozano) y el abogado Carlos Quezada.
En
representación del Estado dominicano actuarán como testigos Carmen Maribel
Ferreras Mella, ex directora regional de Migración, acompañada del peritaje
propuesto por el Estado del antropólogo Fernando Ferrán y del historiador y
escritor Manuel Núñez Asencio.
Los abogados
que representarán al Estado son Juan Bautista Tavares Gómez, especialista en
registro civil de la Junta Central Electoral; Cecilio Gómez Pérez, abogado
constitucionalista y Santo Miguel Román, experto en migración de la Dirección
General de Migración.
Audiencia el martes
Aunque la
inauguración del 48 período de sesiones fue programado para este lunes, la
audiencia contra la República Dominicana será el martes desde las 08:30
de la mañana a 3:30 de la tarde.
El miércoles
la misma continuará de 08:30 a 11:30 de la mañana y el jueves de 8:30 de la
mañana a 3:30 de la tarde.
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