El
catedrático universitario fue desaparecido en mayo de 1994, luego de pronunciar
un discurso contra la reelección de Joaquín Balaguer; la CIDH condenó a RD por
el caso
Escrito
por: TOMÁS VIDAL RODRÍGUEZ
Los
gobiernos de los últimos 19 años y el Poder Judicial incumplieron
la promesa de resolver la desaparición del profesor Narciso
González (Narcisazo), reiniciando la investigación en más de 12
ocasiones y la debilidad institucional provocó que el país
fuera sancionado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Durante este
período de casi dos décadas los presidentes Joaquín Balaguer, en sus
últimos dos años; Leonel Fernández, con 12 años; Hipólito Mejía cuatro y
ahora Danilo Medina, prometieron por separado que
la justicia tenía que resolver el caso Narcisazo.
La última
promesa la hizo el pasado 24 de agosto la fiscal del Distrito, Yeni Berenice
Reynoso, después de reunirse con la viuda de Narciso González,
Altagracia Ramírez, anunció que iba a reiniciar la
investigación y pretendía llamar a interrogatorio a las
personas relacionadas con el proceso judicial.
Por la
negligencia de las autoridades dominicanas la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado a
pagar una indemnización de 393 mil dólares por la
desaparición forzada el 26 de mayo de 1994 y la negligencia en la
investigación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público.
Durante
el primer gobierno de Leonel Fernández los fiscales Guillermo
Moreno y luego Francisco Domínguez Brito, en el segundo mandato de
gobierno de Leonel Fernández, Manuel Hernández Peguero
y Alejandro Moscoso Segarra prometieron en ocho ocasiones reiniciar la
investigación, pero no hicieron nada.
Durante
este período, en octubre de 2007 el procurador general, Radhamés Jiménez
Peña en tres ocasiones anunció el reinició de la investigación y prometió
una recompensa de un millón de pesos a las personas que ofrecieran
información sobre la desaparición del profesor de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo.
Nueva vez
en mayo del 2010, el doctor Jiménez Peña volvió a reactivar la
investigación, algunos días después que el país fue sancionado por la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El profesor
Narcisazo fue desaparecido el 26 de mayo de 1994, en el gobierno de los dos
años de Joaquín Balaguer, quien prometió en varias ocasiones a los
integrantes de la Comisión de la Verdad que el caso era investigado.
La querella
fue presentada el 12 de junio del 1995 además de los familiares de
Narciso, por Tomás Castro, Víctor Céspedes y Guillermo Moreno.
En junio de
1994, el presidente Joaquín Balaguer anunció que todos los
organismos de seguridad de la Fuerzas Armadas y la Policía
estaban investigando el caso Narciso González.
El
presidente Leonel Fernández, 17 días después de haber sido juramentado,
el día 2 de septiembre de 1996 se presentó a la
Universidad Autónoma de Santo Domingo y en un breve acto en la
explanada del Aula Magna prometió que el caso Narcisazo
sería abierto, “porque el profesor había sido su
profesor y no podía quedar impune”, el 15 de abril de 1998 creó una
comisión y le otorgó un plazo de 30 días para que le rindan un informe.
El 5 de
agosto el presidente Fernández le entregó el informe al procurador Abel Rodríguez
del Orbe y a través de Francisco Domínguez Brito envió el
documento al juez de Instrucción.
Creó
una comisión integrada por los generales de la Policía,
Juan Ramón de la Cruz Martínez, el director del Departamento
Nacional de Investigaciones, Sigfrido Pared Pérez quienes
realizaron un centenar de investigaciones a policías, militares
y civiles.
El juez
de Instrucción del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Alexis Henríquez
Núñez y luego Eduardo Sánchez Ortiz fueron apoderados de la investigación,
este último dictó prisión contra varios oficiales, entre ellos
Constantino Matos Viillanueva, sustentada con el testimonio de la
suplidora de la Fuerza Armadas, Paulina Alba, quien dijo haber escuchado
en la sede la institución que el cadáver de Narcisazo sería llevado a la
sede de la Policía Nacional por instrucciones de Matos Villanueva, pero una
Cámara de Calificación los descargó por falta de pruebas.
Desde
febrero del año 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
juzga el caso, el Estado dominicano estuvo representado por el fiscal del
Distrito, Francisco Domínguez Brito, y los procuradores de la
Corte, Juan Amado Cedano y Ángel Castillo.
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