Comisión de Dominicanos en el
Exterior dice miembros de la JCE se han hecho sordos ante resolución
Santo Domingo, RD.- Los miembros de la Comisión
Permanente del Dominicano en el Exterior de la Cámara de Diputados, consideraron
que la JCE no muestra interés en cumplir con la resolución de la Comisión
Especial designada por el Hemiciclo, para conocer las contradicciones de los
miembros de la JCE, cuando solicitó la reapertura inmediata de la las oficinas
en el exterior, en virtud del considerando VII, sobre los centros de servicios
en el exterior, donde especifica en sus considerandos I, II, III, IV, V, VI,
VII y VIII, que fue un error de la JCE el cierre de dichas oficinas, ya que en
el Presupuesto General de la Nación se le asignaron 37 millones de pesos para
el mantenimiento de las mismas en el año 2013 .
Así mismo la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, en el segundo
punto de investigación, en su considerando VIII dice: "Es prudente,
viable, necesario y urgente la apertura de los centros de servicios en el
exterior de la Junta Central Electoral, para seguir brindando en el extranjero
servicios tan importantes como de Registro Civil y Cedulación, entre otros, sin
desmedro de los ajustes presupuestario que requiere dicha apertura y de acuerdo
al Proyecto de eficientización de los servicios en el exterior- preparado por
la institución".
La JCE inició sus operaciones en el exterior en el año 2002 y funcionó
sin interrupción hasta diciembre del 2012, al momento del cierre esta ingresaba
más de 40 millones de pesos al año, por servicios prestados a la ciudadanía y
el Estado mediante presupuesto le asignó 37 millones, año en el que obtuvo la
mayor asignación presupuestaria, con los cuales manejaría recursos suficientes
para mantener las oficinas abiertas.
Por otro lado los legisladores destacaron que La Junta Central Electoral
dispuso de decenas de millones de pesos en el pago de indemnización a los
funcionarios de las oficinas del exterior para proceder a su cierre y todo esto
demuestra que la JCE no tuvo la necesidad económica alegada para el cierre,
sino que utilizó a los más de dos millones de dominicanos residentes en el
exterior como escudo para presionar al Poder Ejecutivo para el aumento de su
presupuesto 2013.
Los 7 diputados electos el 20 de mayo del 2012, han tenido que enfrentar
en su representación el cese de un logro adquirido por 10 años consecutivos,
suspendido por la decisión de unos funcionarios SIN SENCIBILIDAD HUMANA que
pretenden desconocer el aporte económico que recibe el país a través de las
remesas, que para el año 2011 ascendieron a un monto de 3 mil 131 millones de
dólares y en el 2012 tres mil158 millones, significando más del 6% neto del PIB
del país.
Los legisladores agregaron además que la JCE ha obligado a los diputados
de la Comisión Permanente del Dominicano en el Exterior a hacer suya la causa de
la reapertura de las oficinas, llegando a ocupar el segundo punto de la agenda
de la Comisión Especial formada por el Pleno de la Cámara para investigar la
actitud de los jueces que integran esta institución.
La Comisión de Dominicanos en el Exterior presentó un proyecto de Ley
que modifica la Ley Nº 659 del 1944 sobre actos del Estado Civil, en su
artículo 8, para que estas oficinas se mantengan abiertas de forma permanente,
dándole servicios a la comunidad radicada en el exterior, sobre el cual la Comisión
de Justicia rindió al Hemiciclo Informe Favorable y fue aprobado de emergencia
en dos lecturas consecutivas.
La JCE se ha mostrado hostil e indolente con los dominicanos del
exterior en su lucha con el Poder Ejecutivo, por el incremento de su presupuesto,
aun cuando se vislumbra a corto plazo la modificación a la Ley de Migración de
los EE. UU, donde se estima unos 400 mil dominicanos necesitarán documentos
para regularizar su estatus migratorio en esa nación. Es vergonzoso que otras
naciones con representación en ese país han iniciado el proceso de documentar a
sus nacionales con relación a la ley migratoria que próximamente aprobará el
Congreso Americano.
Exigieron que sin más dilación la JCE acoja la resolución de la Cámara
de Diputados, donde se recomienda la reapertura inmediata de las oficinas de la
institución en el exterior.
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