Comisión de Dominicanos en el Exterior dice miembros de la JCE se han hecho sordos ante resolución

Comisión de Dominicanos en el Exterior dice miembros de la JCE se han hecho sordos ante resolución

 

Santo Domingo, RD.- Los miembros de la Comisión Permanente del Dominicano en el Exterior de la Cámara de Diputados, consideraron que la JCE no muestra interés en cumplir con la resolución de la Comisión Especial designada por el Hemiciclo, para conocer las contradicciones de los miembros de la JCE, cuando solicitó la reapertura inmediata de la las oficinas en el exterior, en virtud del considerando VII, sobre los centros de servicios en el exterior, donde especifica en sus considerandos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, que fue un error de la JCE el cierre de dichas oficinas, ya que en el Presupuesto General de la Nación se le asignaron 37 millones de pesos para el mantenimiento de las mismas en el año 2013 .

Así mismo la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, en el segundo punto de investigación, en su considerando VIII dice: "Es prudente, viable, necesario y urgente la apertura de los centros de servicios en el exterior de la Junta Central Electoral, para seguir brindando en el extranjero servicios tan importantes como de Registro Civil y Cedulación, entre otros, sin desmedro de los ajustes presupuestario que requiere dicha apertura y de acuerdo al Proyecto de eficientización de los servicios en el exterior- preparado por la institución".

La JCE inició sus operaciones en el exterior en el año 2002 y funcionó sin interrupción hasta diciembre del 2012, al momento del cierre esta ingresaba más de 40 millones de pesos al año, por servicios prestados a la ciudadanía y el Estado mediante presupuesto le asignó 37 millones, año en el que obtuvo la mayor asignación presupuestaria, con los cuales manejaría recursos suficientes para mantener las oficinas abiertas.

Por otro lado los legisladores destacaron que La Junta Central Electoral dispuso de decenas de millones de pesos en el pago de indemnización a los funcionarios de las oficinas del exterior para proceder a su cierre y todo esto demuestra que la JCE no tuvo la necesidad económica alegada para el cierre, sino que utilizó a los más de dos millones de dominicanos residentes en el exterior como escudo para presionar al Poder Ejecutivo para el aumento de su presupuesto 2013.

Los 7 diputados electos el 20 de mayo del 2012, han tenido que enfrentar en su representación el cese de un logro adquirido por 10 años consecutivos, suspendido por la decisión de unos funcionarios SIN SENCIBILIDAD HUMANA que pretenden desconocer el aporte económico que recibe el país a través de las remesas, que para el año 2011 ascendieron a un monto de 3 mil 131 millones de dólares y en el 2012 tres mil158 millones, significando más del 6% neto del PIB del país.

Los legisladores agregaron además que la JCE ha obligado a los diputados de la Comisión Permanente del Dominicano en el Exterior a hacer suya la causa de la reapertura de las oficinas, llegando a ocupar el segundo punto de la agenda de la Comisión Especial formada por el Pleno de la Cámara para investigar la actitud de los jueces que integran esta institución.

La Comisión de Dominicanos en el Exterior presentó un proyecto de Ley que modifica la Ley Nº 659 del 1944 sobre actos del Estado Civil, en su artículo 8, para que estas oficinas se mantengan abiertas de forma permanente, dándole servicios a la comunidad radicada en el exterior, sobre el cual la Comisión de Justicia rindió al Hemiciclo Informe Favorable y fue aprobado de emergencia en dos lecturas consecutivas.

La JCE se ha mostrado hostil e indolente con los dominicanos del exterior en su lucha con el Poder Ejecutivo, por el incremento de su presupuesto, aun cuando se vislumbra a corto plazo la modificación a la Ley de Migración de los EE. UU, donde se estima unos 400 mil dominicanos necesitarán documentos para regularizar su estatus migratorio en esa nación. Es vergonzoso que otras naciones con representación en ese país han iniciado el proceso de documentar a sus nacionales con relación a la ley migratoria que próximamente aprobará el Congreso Americano.

Exigieron que sin más dilación la JCE acoja la resolución de la Cámara de Diputados, donde se recomienda la reapertura inmediata de las oficinas de la institución en el exterior.