La OXFAM advierte: “La desnacionalización debe ser suspendida”

                 

                 Miles serán afectados por la sentencia 168-13 

                     Foto: Ariel Díaz-Alejo/Acento.com.do

“Reconocemos el derecho que tiene el Estado dominicano a determinar soberanamente las condiciones para adquirir la nacionalidad y la facultad del Tribunal Constitucional de interpretar esas condiciones a la luz de la Constitución, siempre y cuando proteja los derechos fundamentales de las personas”

Acento.com

Santo Domingo, República Dominicana.- La sentencia 168/13, emitida el 25 septiembre pasado por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, tendrá un efecto devastador en las vidas de miles de personas que verán limitados sus derechos y serán condenadas a la discriminación, la exclusión y la vulnerabilidad. “La desnacionalización de dominicanas y dominicanos debe ser suspendida”.

Así ha reaccionado la organización Oxfam ante la sentencia que retira la nacionalidad y considera extranjero a todo hijo de inmigrante irregular o “en tránsito” nacido después de 1929. La sentencia afecta mayoritariamente a los hijos e hijas de haitianos y podría ser considerada contraria al derecho, a la igualdad y a la no discriminación que establece la Constitución Dominicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“El despojo de la nacionalidad, anteriormente otorgada a estaspersonas por el mismo Estado dominicano, las aniquilará civilmente al eliminarles, a ellas y a sus hijas e hijos, no solo sus derechos civiles sino también su capacidad para ejercer sus derechos sociales, económicos y culturales” dijo Rosa Cañete, directora de Oxfam en República Dominicana.

“Las personas afectadas serían víctimas, además, del rechazo y la discriminación que podrían sufrir tanto por parte del Estado como por parte de las personas con las que han convivido durante años en barrios y comunidades. Vivirán con la incertidumbre de ser despojados de la nacionalidad dominicana en cualquier momento o de ser deportados sin posibilidades de retornar a sus hogares de origen”, explicó Cañete.

Oxfam se suma a las organizaciones que consideran que las decisiones tomadas en la sentencia deben ser vistas y analizadas no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista social, ético y de los derechos humanos. Para la ONG, los Poderes del Estado dominicano deben suspender la política de desnacionalización de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y acogerse al dictamen de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculante para el Estado Dominicano, que rechaza que quienes residan por largo tiempo en el país estén en tránsito y que el estatus migratorio irregular de los padres afecte el derecho a la nacionalidad de los hijos, de conformidad con la Constitución vigente hasta el 26 de enero de 2010

“Reconocemos el derecho que tiene el Estado dominicano a determinar soberanamente las condiciones para adquirir la nacionalidad y la facultad del Tribunal Constitucional de interpretar esas condiciones a la luz de la Constitución, siempre y cuando proteja los derechos fundamentales de las personas”, señaló Cañete. “Preocupa también que el Estado desoiga las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual está adscrito y que en reiteradas ocasiones ha llamado al Estado a adoptar medidas que garanticen el derecho a la nacionalidad y el cumplimiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos”, finalizó.

Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan conjuntamente en 92 países como parte de un movimiento global por el cambio con el objetivo de construir un futuro libre de la injusticia de la pobreza.

Lea íntegro el comunicado de OXFAM

OXFAM en República Dominicana, ante la sentencia 168/13, emitida el 25 septiembre pasado por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, expresa que:

La medida tendrá un efecto devastador en las vidas de decenas de miles de personas que verán limitados sus derechos y serán condenadas a la, discriminación, la exclusión y la vulnerabilidad.

La sentencia afecta mayoritariamente a los hijos e hijas de haitianos y podría ser considerada contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación que establece la Constitución Dominicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El despojo de la nacionalidad a miles de personas les aniquilará civilmente al eliminarles, a ellas y a sus hijas e hijos, no solo sus derechos civiles sino también su capacidad para ejercer sus derechos sociales, económicos y culturales.

Además del arrebato de sus derechos, las personas afectadas se exponen al rechazo y la discriminación que podrían sufrir tanto por parte del Estado como por parte de las personas con las que han convivido durante años en barrios y comunidades; y al riesgo de ser deportadas en cualquier momento sin posibilidades de retornar a sus hogares de origen.

Es preocupante que el Estado dominicano vuelva a incumplir las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual está adscrito y que en reiteradas ocasiones ha llamado al Estado a adoptar medidas que garanticen el derecho a la nacionalidad y el cumplimiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Como ya lo han expresado otras organizaciones, las decisiones tomadas en la sentencia deben ser vistas y analizadas no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista social, ético y de los derechos humanos.

El Estado dominicano tiene el derecho a determinar soberanamente las condiciones para adquirir la nacionalidad y Tribunal Constitucional tiene la facultad de interpretar esas condiciones a la luz de la Constitución, siempre y cuando protejan los derechos fundamentales de las personas.

Llamamos a los Poderes del Estado dominicano a suspender la política de desnacionalización de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y acogerse al dictamen de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculante para el Estado Dominicano, que rechaza que quienes residan por largo tiempo en el país estén en tránsito y que el estatus migratorio irregular de los padres afecte el derecho a la nacionalidad de los hijos, de conformidad con la Constitución vigente hasta el 26 de enero de 2010.