Miles serán afectados por la sentencia 168-13
Foto: Ariel Díaz-Alejo/Acento.com.do
“Reconocemos
el derecho que tiene el Estado dominicano a determinar soberanamente las
condiciones para adquirir la nacionalidad y la facultad del Tribunal
Constitucional de interpretar esas condiciones a la luz de la Constitución,
siempre y cuando proteja los derechos fundamentales de las personas”
Acento.com
Santo Domingo, República Dominicana.- La sentencia 168/13, emitida el 25
septiembre pasado por el Tribunal Constitucional de República Dominicana,
tendrá un efecto devastador en las vidas de miles de personas que verán
limitados sus derechos y serán condenadas a la discriminación, la exclusión y
la vulnerabilidad. “La desnacionalización de dominicanas y dominicanos debe ser
suspendida”.
Así ha
reaccionado la organización Oxfam ante la sentencia que retira la nacionalidad
y considera extranjero a todo hijo de inmigrante irregular o “en tránsito”
nacido después de 1929. La sentencia afecta mayoritariamente a los hijos e
hijas de haitianos y podría ser considerada contraria al derecho, a la igualdad
y a la no discriminación que establece la Constitución Dominicana y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“El despojo
de la nacionalidad, anteriormente otorgada a estaspersonas por el mismo Estado
dominicano, las aniquilará civilmente al eliminarles, a ellas y a sus hijas e
hijos, no solo sus derechos civiles sino también su capacidad para ejercer sus
derechos sociales, económicos y culturales” dijo Rosa Cañete, directora de
Oxfam en República Dominicana.
“Las
personas afectadas serían víctimas, además, del rechazo y la discriminación que
podrían sufrir tanto por parte del Estado como por parte de las personas con
las que han convivido durante años en barrios y comunidades. Vivirán con la
incertidumbre de ser despojados de la nacionalidad dominicana en cualquier
momento o de ser deportados sin posibilidades de retornar a sus hogares de
origen”, explicó Cañete.
Oxfam se
suma a las organizaciones que consideran que las decisiones tomadas en la
sentencia deben ser vistas y analizadas no solo desde el punto de vista
jurídico, sino también desde el punto de vista social, ético y de los derechos
humanos. Para la ONG, los Poderes del Estado dominicano deben suspender la
política de desnacionalización de dominicanos y dominicanas de ascendencia
haitiana y acogerse al dictamen de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), vinculante para el Estado Dominicano, que rechaza que quienes
residan por largo tiempo en el país estén en tránsito y que el estatus
migratorio irregular de los padres afecte el derecho a la nacionalidad de los
hijos, de conformidad con la Constitución vigente hasta el 26 de enero de 2010
“Reconocemos
el derecho que tiene el Estado dominicano a determinar soberanamente las
condiciones para adquirir la nacionalidad y la facultad del Tribunal
Constitucional de interpretar esas condiciones a la luz de la Constitución,
siempre y cuando proteja los derechos fundamentales de las personas”, señaló
Cañete. “Preocupa también que el Estado desoiga las recomendaciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a la cual está adscrito y que en reiteradas
ocasiones ha llamado al Estado a adoptar medidas que garanticen el derecho a la
nacionalidad y el cumplimiento de la Convención Americana de los Derechos
Humanos”, finalizó.
Oxfam es una
confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan conjuntamente en
92 países como parte de un movimiento global por el cambio con el objetivo de
construir un futuro libre de
la injusticia de la pobreza.
Lea íntegro el comunicado de OXFAM
OXFAM en
República Dominicana, ante la sentencia 168/13, emitida el 25 septiembre pasado
por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, expresa que:
La medida
tendrá un efecto devastador en las vidas de decenas de miles de personas que
verán limitados sus derechos y serán condenadas a la, discriminación, la
exclusión y la vulnerabilidad.
La sentencia
afecta mayoritariamente a los hijos e hijas de haitianos y podría ser
considerada contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación que
establece la Constitución Dominicana y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
El despojo
de la nacionalidad a miles de personas les aniquilará civilmente al
eliminarles, a ellas y a sus hijas e hijos, no solo sus derechos civiles sino
también su capacidad para ejercer sus derechos sociales, económicos y
culturales.
Además del
arrebato de sus derechos, las personas afectadas se exponen al rechazo y la
discriminación que podrían sufrir tanto por parte del Estado como por parte de
las personas con las que han convivido durante años en barrios y comunidades; y
al riesgo de ser deportadas en cualquier momento sin posibilidades de retornar
a sus hogares de origen.
Es
preocupante que el Estado dominicano vuelva a incumplir las recomendaciones de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual está adscrito y que en
reiteradas ocasiones ha llamado al Estado a adoptar medidas que garanticen el
derecho a la nacionalidad y el cumplimiento de la Convención Americana de los
Derechos Humanos.
Como ya lo
han expresado otras organizaciones, las decisiones tomadas en la sentencia
deben ser vistas y analizadas no solo desde el punto de vista jurídico, sino
también desde el punto de vista social, ético y de los derechos humanos.
El Estado
dominicano tiene el derecho a determinar soberanamente las condiciones para
adquirir la nacionalidad y Tribunal Constitucional tiene la facultad de
interpretar esas condiciones a la luz de la Constitución, siempre y cuando
protejan los derechos fundamentales de las personas.
Llamamos a
los Poderes del Estado dominicano a suspender la política de desnacionalización
de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y acogerse al dictamen de
2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculante para el
Estado Dominicano, que rechaza que quienes residan por largo tiempo en el país
estén en tránsito y que el estatus migratorio irregular de los padres afecte el
derecho a la nacionalidad de los hijos, de conformidad con la Constitución
vigente hasta el 26 de enero de 2010.
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